Un hombre fue detenido en Argentina por apuntar con un arma de fuego a la vicepresidenta Cristina Fernández cuando llegaba a su casa en medio de una multitud de seguidores, una semana después de que la Fiscalía pidió su detención por supuesta corrupción.

Buenos Aires, Argentina
AFP/EFE

La imagen del hombre que apunta a la cabeza de Fernández cuando esta baja del automóvil que la llevó a su residencia fue reproducida por varios canales de TV.

Preso

El ministro Aníbal Fernández informó sobre la detención del hombre, cuando la también presidenta del Senado regresaba desde el Parlamento a su domicilio en el barrio de Recoleta. “Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de [la policía] Científica como para evaluar las huellas y la capacidad y la disposición que tenía esta persona”, dijo el ministro.

El hombre se acercó a Fernández en medio de la multitud que la esperaba para saludarla y pedirle una firma en su libro autobiográfico. El arma no se disparó. El atacante sería Andre Sabag Montiel, un brasileño, nacionalizado argentino.

En medio de una creciente polarización, cientos de militantes se han congregado desde la semana pasada ante el domicilio de Fernández, de 69 años, acusada de corrupción durante su gobierno (2007-2015) y contra quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua. El ataque a la vicepresidenta fue repudiado por la coalición opositora Juntos por el Cambio, que solicitó una investigación de los hechos, y también por el gabinete de ministros.

“Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Fernández, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad”, escribió en Twitter el expresidente de centro-derecha Mauricio Macri (2015-19).

Acusaciones

Fernández está acusada, junto a otras doce personas, por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas, por supuestamente haber favorecido desde la presidencia al empresario Lázaro Báez con la atribución de licitaciones en la provincia de Santa Cruz (sur), su bastión político.

La vicepresidenta goza de fueros parlamentarios, que en caso de una condena la preservan de la prisión y de la inhabilitación. El juicio debe comenzar la semana próxima con la etapa de alegatos de la defensa. La Fiscalía calculó en unos 1,000 millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado.