Durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que hoy analizó la situación en Perú, el primer vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, comisionado Stuardo Ralón, dio un informe sobre el país. 

 

"La salida de esta crisis tiene que pasar necesariamente por un diálogo amplio, por acuerdos y por un respeto al Estado de derecho, y por eso se hace un llamado a que el diálogo incluya a distintos actores políticos de la sociedad civil, movimientos sociales, gremios empresariales y demás organizaciones para que todas voces sean escuchadas, incluyendo a las autoridades de índole regional", expresó.

 

Asimismo, el comisionado enfatizó que el diálogo debe llevarse con enfoque intercultural, para tratar de establecer un acuerdo en el marco del Estado de derecho que ayude a "desescalar la violencia". 

 

"Solamente por ese medio se vislumbra una solución a la crisis que se desarrolla en el país", afirmó. 

 

 

El comisionado Stuardo Ralón señaló que la violencia en el Perú ha generado un registro de 47 fallecidos, entre ellos 7 adolescentes, y 650 personas heridas, lo que incluye a miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Al respecto, señaló que la CIDH condena todo tipo de violencia y que la organización ha recibido denuncias tanto de los familiares de las víctimas y también denuncias sobre el daño a bienes públicos. 

 

 

En este punto, el comisionado recalcó que en estas denuncias serán fundamentales en las investigaciones balísticas para establecer qué tipo de armas originaron los disparos contra las personas, ya que las autopsias efectuadas por la Dirección de Medicina Legal arrojan que en las víctimas por armas de fuego hay disparos a la cabeza o tórax.

 

En ese contexto, subrayó que las investigaciones deben ser serias, imparciales y céleres para establecer qué fue lo que ocurrió. "Sobre todo, repito, que se realicen con los protocolos adecuados estas pruebas balísticas y la custodia de los proyectiles que serán extraídos de los cuerpos de las víctimas", dijo.

 

De igual manera, instó a que la investigación se realice con enfoque de derechos humanos y con un enfoque étnico y racial, porque los enfrentamientos han afectado las regiones del sur del Perú, donde tanto víctimas mortales como heridos son pobladores quechuas y aimaras.

 

Ralón afirmó que la violencia, de cualquier tipo, no es parte de hechos de protesta, la cual debe realizarse de forma pacífica. En el caso de las fuerzas de seguridad, instó a que su intervención para mantener el orden público se realice con respeto a los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y de proporcionalidad.

 

 

El comisionado también destacó que durante su visita al Perú advirtieron un elemento de debilidad institucional, que se ha venido generando por un uso reiterado de figuras constitucionales que tienen que ver con la separación de poderes, como es la vacancia presidencial, la acusación constitucional y la disolución del Congreso.

 

"Por tanto, la comisión hace un llamado a que dichas figuras se reglamenten con parámetros objetivos claros para evitar interpretaciones subjetivas sobre las mismas", expresó. 

 

Ralón también se refirió a la discriminación y estigmatización de personas de origen quechua y aimara que deterioran el debate público en el Perú. Advirtió que el uso de términos como “terrorista”, “senderista” o “indio” generan un clima de mayor violencia, pero sobre todo ofende a personas que llevan adelante protestas pacíficas.

 

 

Del  11 al 13 de enero, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de observación al Perú, la cual estuvo liderada por el primer vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, comisionado Stuardo Ralón, e integrada por el comisionado Joel Hernández; con el apoyo de la secretaria ejecutiva adjunta para Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.