Abogado laboralista considera precipitado considerar cualquier desconexión laboral como abandono de puesto.
El abogado laboralista Ricardo Herrera cuestionó el proyecto de ley presentado por la congresista María del Carmen Alva, que prohíbe a los trabajadores que realizan teletrabajo realzar labores domésticas o privadas durante su jornada laboral, bajo amenaza de que ello sea considerado abandono del puesto laboral.
En entrevista con Canal N, el especialista señaló que en principio dicha falta empieza a configurarse cuando el trabajador se ausenta por completo un día sin justificación alguna, y si suma 4 días o más, entonces ello ya configura el abandono de trabajo.
En esa línea, alerta que el proyecto de Alva Prieto no establece un plazo, así que basta la más mínima desconexión, incluso de un minuto, para considerar que el trabajador ha hecho abandono de puesto, y por ello, ser sancionado.
Refirió además que el proyecto resulta innecesario, pues existe sistemas de control inmediato que han implementado las empresas, en las que se puede detectar cuándo el trabajador se ha desconectó del sistema o no recibe la llamada telefónica o video llamada, debiendo hacerlo.
Pero, además, señaló que este es un proyecto colisionaría con otras leyes de protección a las “minorías laborales”, como las madres trabajadoras, o los trabajadores que deben cuidar a un pariente directo con discapacidad severa o enfermedad terminal.
“No le veo ningún valor agregado (al proyecto de ley) verdad (…) y sobretodo puede generar problemas de choque con otras leyes que protegen a minorías laborales, como la madre trabajadora, o el trabajador que tiene responsabilidades familiares como único sostén de un pariente directo que tiene una enfermedad severa o terminal”, afirmó.
Herrera también se mostró en desacuerdo con otro de las propuestas del proyecto de ley, que obliga a empleador y trabajador a establecer las “pautas activas” en el teletrabajo.
Según dijo, esto no podría establecerse todas las circunstancias, como, por ejemplo, un call center, en un servicio de emergencia de salud, en un servicio de cobranza, o en servicios públicos como agua o electricidad, porque ello afectaría el suministro de estos servicios.
