Tras la visita de trabajo del presidente José Jerí a Pisco, el Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en dicha provincia de la región Ica, a través del Decreto Supremo N° 004-2026-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante dicho periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención.
Además, se dispuso la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.
De igual forma, en tanto dure el estado de emergencia, se declaró en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Ica y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Pisco.
Asimismo, se dispuso la formación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.
El comando y los comités establecerán un centro de coordinación permanente que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana, integrando recursos humanos y tecnológicos necesarios.
Las fuerzas integradas, formadas por la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán el control territorial en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos.
Además, habrá patrullaje disuasivo motorizado de las fuerzas integradas en zonas estratégicas, operativos de control de identidad, búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad, entre otras medidas.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José Jerí; del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez; y de los ministros de Defensa, César Díaz Peche; de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; del Interior, Vicente Tiburcio; y de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
