El Ministerio de Salud (Minsa) inició la campaña de tamizaje de la tuberculosis (TB) 2026 en la población penitenciaria de Lima Metropolitana y regiones priorizadas del país, con el objetivo de prevenir, detectar y atender los posibles casos, mediante el diagnóstico moderno y el tratamiento oportuno.
En total, son 31 los establecimientos penitenciarios (EP) donde el Minsa, a través de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis (DPCTB), y en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), realiza el abordaje de la TB.
“Perú es país modelo en las Américas en tamizaje, diagnóstico y en el inicio oportuno del tratamiento de la tuberculosis en establecimientos penitenciarios. Esta estrategia nos permite detectar tempranamente los casos y cortar la cadena de transmisión, protegiendo la salud de las personas más vulnerables y del personal penitenciario”, señaló la directora ejecutiva de la DPCTB del Minsa, Valentina Alarcón Guizado.
La búsqueda activa de casos se inició en el Establecimiento Penitenciario del Callao, y a continuación se realizará en los de Lima Región, Ica, Ancash, La Libertad, Ucayali, Lambayeque, Loreto, Tumbes, Amazonas, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios, Arequipa, Junín y Tacna.
Las intervenciones se realizan a través de las brigadas de salud, quienes realizan el tamizaje radiológico con DAC (detección asistida por computadora), tanto a la población penitenciaria como a los trabajadores de los propios establecimientos.
La iniciativa se enmarca en la Ley N° 30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, que regula los mecanismos de articulación entre los sectores involucrados en la prevención y el control de la tuberculosis, garantizando la cobertura y continuidad de una política de Estado de lucha contra esta enfermedad.
Entre los años 2023 y 2025 el Minsa logró tamizar a más de 60 mil personas, identificando 1,916 casos de TB, los mismos que inmediatamente fueron atendidos. Para este año 2026 se proyecta superar las 84 mil evaluaciones, y reforzar la terapia preventiva semanal durante 12 semanas en personas privadas de libertad.
