La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó hoy en la conmemoración por el 30.º aniversario de la Defensoría del Pueblo, donde resaltó la trayectoria de esta institución y su aporte al fortalecimiento de la democracia y la protección de la ciudadanía.
“Treinta años no representan solo el paso del tiempo. Representan miles de ciudadanos escuchados, derechos defendidos, injusticias advertidas y autoridades convocadas a corregir aquello que no estaba funcionando adecuadamente”, expresó durante la ceremonia.
En su intervención, la mandataria hizo una reflexión sobre la responsabilidad que corresponde a quienes ejercen funciones dentro del aparato estatal.
“La Defensoría cumple una misión indispensable: recordarles permanentemente a quienes ejercemos una función pública que el Estado existe para servir a las personas, especialmente a quienes tienen menos posibilidades de hacer escuchar su voz”, afirmó.
La jefa de Estado también se refirió a los elementos que, más allá del marco electoral y normativo, contribuyen a consolidar el sistema democrático. “Una democracia no se mide únicamente por sus elecciones o por sus leyes. También se mide por su capacidad para proteger al ciudadano frente al abuso, la indiferencia, la discriminación y la ineficiencia”, remarcó.
Asimismo, planteó los principios que deben orientar el trabajo de la institución frente a las demandas y necesidades de la población. “Necesitamos una Defensoría autónoma, firme y cercana a la población. Una institución que actúe con independencia, pero también con responsabilidad; que señale los errores cuando corresponda y que contribuya a encontrar soluciones”, manifestó.
La presidenta Fujimori recordó que la Defensoría del Pueblo fue incorporada como organismo constitucional autónomo en la Constitución de 1993 y comenzó a ejercer sus funciones en 1996. Señaló que su creación permitió complementar el crecimiento, el orden y la autoridad con una entidad encargada de proteger los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública.
Al abordar la relación que debe existir entre el Ejecutivo y este organismo constitucional autónomo, sostuvo que sus observaciones pueden contribuir a detectar problemas y mejorar la actuación de las entidades públicas.
“El Gobierno no debe considerar a la Defensoría como una institución incómoda ni como un adversario. Debe verla como una aliada para identificar deficiencias, corregir procedimientos y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos”, sostuvo.
Finalmente, reafirmó la disposición de su gestión de atender con seriedad las recomendaciones formuladas por la institución y mantener una relación respetuosa, transparente y constructiva.
En la actividad participaron el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el titular del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández; la titular del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente de la Cámara del Senado del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres. Asimismo, acompañaron a la jefa de Estado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el ministro de Cultura, Alberto Beingolea.
